Peligro golpista en Honduras
Niko Schvarz
Niko Schvarz
Publicado en La República de Montevideo, 27 de junio 2009
Honduras enfrenta una amenaza de golpe de estado que ya se expresó en actos de desobediencia del alto mando militar al presidente Manuel Zelaya. En actitud decidida el mandatario destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto general Romeo Vásquez, aceptó la renuncia del ministro de Defensa Eduardo Orellano, llamó al pueblo y a sus organizaciones que en forma masiva respaldó al presidente, se hizo presente en una base aérea donde estaba el material secuestrado y procede a su distribución en los centros de votación. La plena solidaridad con Honduras recorrió toda América Latina, la Asamblea General de la ONU reunida en Nueva York y la reunión del ALBA recién clausurada en Maracay, estado de Aragua, Venezuela. El Consejo Permanente de la OEA resolvió enviar una misión a Honduras.
La crisis detonó en torno a la llamada “cuarta urna”. El próximo 29 de noviembre se celebran elecciones nacionales en Honduras. En cada circuito se colocan tres urnas: una para elección de presidente, otra para el Congreso unicameral de 128 miembros, la tercera para alcaldes. Desde la presidencia, con apoyo de las organizaciones sociales, se propuso instalar una cuarta urna, para consultar al pueblo acerca de la elección de una Asamblea Constituyente. Esta propuesta fue respaldada por más de 500 mil firmas, tal como reclama la Ley de Participación Ciudadana. O sea que se cumplieron todos los requisitos legales. Zelaya fue electo el 27 de noviembre 2005, asumió el 27 de enero 2006, y el 27 de enero 2010 entrega el mando sin posibilidad de reelección. En el debate se planteó la inclusión en el nuevo texto constitucional de la posibilidad de la reelección presidencial.
Desde hace más de 30 años las Fuerzas Armadas se han encargado en Honduras de la logística de distribución del material electoral. Unos días antes del plazo fijado, el general Romeo Vásquez se insubordinó. Dijo que el ejército no cumpliría esa tarea. El Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución que declaraba ilegal la consulta y solicitaba a la fiscalía general que confiscara el material, y así se hizo por orden del fiscal general Jorge Alberto Rubí. El presidente Zelaya replicó que el Tribunal carece de potestades para adoptar esas decisiones y reafirmó su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas. La crisis se agravó porque la mayoría del Congreso se pronunció contra la encuesta, y en el mismo sentido se desató una furibunda campaña de una prensa conectada en cuerpo y alma a los sectores oligárquicos y empresariales.
El presidente Zelaya actuó con celeridad. Destituyó al jefe del estado mayor y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, convocó al pueblo a la casa presidencial, una manifestación masiva se dirigió a la base aérea Hernán Costa Mejía y recuperó el material electoral secuestrado, que estaba allí depositado. Toda esta magnífica secuencia de participación popular la apreciamos por Telesur. Los materiales y las urnas se iban pasando de mano en mano, en una cadena de pueblo, y se cargaban en camiones, con el compromiso de distribuirlo antes del domingo. Son casi 21 mil urnas para otros tantos circuitos.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, tomó cartas en el asunto. En su comunicado denuncia a los gestores de la intentona golpista: los empresarios más poderosos del país, los dueños de los medios de comunicación, el ministerio público, la mayoría del Congreso, así como sectores de las Fuerzas Armadas que han venido actuando en franco desacato a las decisiones del Poder Ejecutivo y que “han asumido un papel similar al de los años 80, cuando servían de instrumento de desestabilización y represión”. A ellos se han unido “algunos sectores de las jerarquías de las iglesias evangélicas y católica, que han intermediado, alentado y justificado los hechos de connotación golpista”. Llaman a intensificar la lucha organizada para instalar la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática, reafirman su apoyo al presidente Zelaya y concluyen: “Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira y Etempica se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz”.
La solidaridad con Honduras se desató a raudales en esta hora de peligro. Se expresó a través del delegado de Venezuela en la Asamblea General de la ONU que examina la crisis financiera y económica mundial y su impacto sobre el desarrollo. El jueves efectuó una amplia exposición al respecto el presidente Hugo Chávez, en respaldo irrestricto al gobierno de Honduras, y en el mismo sentido se manifestó el presidente nicaragüense Daniel Ortega, en su carácter de presidente pro témpore del SICA. El tema había motivado una resolución especial en la reciente reunión del ALBA.
Una cosa es clara: la consulta popular del domingo va.
Honduras enfrenta una amenaza de golpe de estado que ya se expresó en actos de desobediencia del alto mando militar al presidente Manuel Zelaya. En actitud decidida el mandatario destituyó al jefe del Estado Mayor Conjunto general Romeo Vásquez, aceptó la renuncia del ministro de Defensa Eduardo Orellano, llamó al pueblo y a sus organizaciones que en forma masiva respaldó al presidente, se hizo presente en una base aérea donde estaba el material secuestrado y procede a su distribución en los centros de votación. La plena solidaridad con Honduras recorrió toda América Latina, la Asamblea General de la ONU reunida en Nueva York y la reunión del ALBA recién clausurada en Maracay, estado de Aragua, Venezuela. El Consejo Permanente de la OEA resolvió enviar una misión a Honduras.
La crisis detonó en torno a la llamada “cuarta urna”. El próximo 29 de noviembre se celebran elecciones nacionales en Honduras. En cada circuito se colocan tres urnas: una para elección de presidente, otra para el Congreso unicameral de 128 miembros, la tercera para alcaldes. Desde la presidencia, con apoyo de las organizaciones sociales, se propuso instalar una cuarta urna, para consultar al pueblo acerca de la elección de una Asamblea Constituyente. Esta propuesta fue respaldada por más de 500 mil firmas, tal como reclama la Ley de Participación Ciudadana. O sea que se cumplieron todos los requisitos legales. Zelaya fue electo el 27 de noviembre 2005, asumió el 27 de enero 2006, y el 27 de enero 2010 entrega el mando sin posibilidad de reelección. En el debate se planteó la inclusión en el nuevo texto constitucional de la posibilidad de la reelección presidencial.
Desde hace más de 30 años las Fuerzas Armadas se han encargado en Honduras de la logística de distribución del material electoral. Unos días antes del plazo fijado, el general Romeo Vásquez se insubordinó. Dijo que el ejército no cumpliría esa tarea. El Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución que declaraba ilegal la consulta y solicitaba a la fiscalía general que confiscara el material, y así se hizo por orden del fiscal general Jorge Alberto Rubí. El presidente Zelaya replicó que el Tribunal carece de potestades para adoptar esas decisiones y reafirmó su carácter de comandante en jefe de las fuerzas armadas. La crisis se agravó porque la mayoría del Congreso se pronunció contra la encuesta, y en el mismo sentido se desató una furibunda campaña de una prensa conectada en cuerpo y alma a los sectores oligárquicos y empresariales.
El presidente Zelaya actuó con celeridad. Destituyó al jefe del estado mayor y aceptó la renuncia del ministro de Defensa, convocó al pueblo a la casa presidencial, una manifestación masiva se dirigió a la base aérea Hernán Costa Mejía y recuperó el material electoral secuestrado, que estaba allí depositado. Toda esta magnífica secuencia de participación popular la apreciamos por Telesur. Los materiales y las urnas se iban pasando de mano en mano, en una cadena de pueblo, y se cargaban en camiones, con el compromiso de distribuirlo antes del domingo. Son casi 21 mil urnas para otros tantos circuitos.
El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPINH, tomó cartas en el asunto. En su comunicado denuncia a los gestores de la intentona golpista: los empresarios más poderosos del país, los dueños de los medios de comunicación, el ministerio público, la mayoría del Congreso, así como sectores de las Fuerzas Armadas que han venido actuando en franco desacato a las decisiones del Poder Ejecutivo y que “han asumido un papel similar al de los años 80, cuando servían de instrumento de desestabilización y represión”. A ellos se han unido “algunos sectores de las jerarquías de las iglesias evangélicas y católica, que han intermediado, alentado y justificado los hechos de connotación golpista”. Llaman a intensificar la lucha organizada para instalar la Asamblea Nacional Constituyente Popular y Democrática, reafirman su apoyo al presidente Zelaya y concluyen: “Con la fuerza ancestral de Iselaca, Lempira y Etempica se levantan nuestras voces de vida, justicia, dignidad, libertad y paz”.
La solidaridad con Honduras se desató a raudales en esta hora de peligro. Se expresó a través del delegado de Venezuela en la Asamblea General de la ONU que examina la crisis financiera y económica mundial y su impacto sobre el desarrollo. El jueves efectuó una amplia exposición al respecto el presidente Hugo Chávez, en respaldo irrestricto al gobierno de Honduras, y en el mismo sentido se manifestó el presidente nicaragüense Daniel Ortega, en su carácter de presidente pro témpore del SICA. El tema había motivado una resolución especial en la reciente reunión del ALBA.
Una cosa es clara: la consulta popular del domingo va.
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